Madrid anuncia que también dará tarjeta a los inmigrantes irregulares
Cifuentes se suma a las comunidades que han anunciado que devuelven el derecho
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. / Jaime Villanueva
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este viernes que en los próximos meses creará un documento específico para que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder a la atención primaria y especializada en la región. Se suma así a las comunidades que ya han empezado a atender a estas personas en sus territorios o que están preparando normativa que lo prevé, como Valencia, Aragón, Baleares y Cantabria.
Cifuentes ha hecho este anuncio un día después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, amenazara a las comunidades que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares —Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria—, con tomar medidas contra ellas “por vulnerar competencias estatales”. Moreno, número dos del Ministerio de Sanidad, llegó a mencionar "multas millonarias" que podría imponer la Comisión Europea a España.
Madrid quiere entregar a los inmigrantes en situación irregular un documento "diferente" de la tradicional tarjeta sanitaria, que permita su uso únicamente dentro de la región, explicó Cifuentes. La presidenta abogó por un sistema "armonizado" en España para la asistencia sanitaria a estos ciudadanos para que en todas las comunidades "se actúe de la misma manera". "No puede ser", señaló, que se den diferentes prestaciones en función de la región.
Precisamente con el objetivo de evitar esa disparidad, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció en marzo pasado que iba a devolver a los inmigrantes la asistencia en atención primaria (médico de familia y enfermero). Cinco meses después, su departamento no lo ha puesto en marcha. Pese a la petición de las comunidades, el Ministerio rechazó incluir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en el orden del día del último consejo interterritorial (el órgano en el que el Gobierno y las regiones discuten las cuestiones clave en política sanitaria), a finales de julio. Los consejeros socialistas forzaron que la cuestión se tratara en los ruegos y preguntas.
Las declaraciones que hizo el jueves Rubén Moreno acerca de unas supuestas multas millonarias no son nuevas. En la rueda de prensa posterior al consejo interterritorial habló de esta cuestión, pero sin precisar qué normativa europea estarían incumpliendo las comunidades. También deslizó que podrían estar asumiendo competencias que no les corresponden.
“Me da la impresión, hay que estudiarlo, de que probablemente pudieran estar vulnerando las competencias que constitucionalmente tenemos establecidas”, aseguró Moreno a preguntas de los periodistas en el Congreso, después de su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Añadió que la Abogacía del Estado está estudiando las normas que han aprobado esos Ejecutivos autónomos por si fueran inconstitucionales. “Si eso es así, deben entender que el Estado tendrá que actuar”, dijo.
Cifuentes ha hecho este anuncio un día después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, amenazara a las comunidades que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares —Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria—, con tomar medidas contra ellas “por vulnerar competencias estatales”. Moreno, número dos del Ministerio de Sanidad, llegó a mencionar "multas millonarias" que podría imponer la Comisión Europea a España.
Madrid quiere entregar a los inmigrantes en situación irregular un documento "diferente" de la tradicional tarjeta sanitaria, que permita su uso únicamente dentro de la región, explicó Cifuentes. La presidenta abogó por un sistema "armonizado" en España para la asistencia sanitaria a estos ciudadanos para que en todas las comunidades "se actúe de la misma manera". "No puede ser", señaló, que se den diferentes prestaciones en función de la región.
Precisamente con el objetivo de evitar esa disparidad, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció en marzo pasado que iba a devolver a los inmigrantes la asistencia en atención primaria (médico de familia y enfermero). Cinco meses después, su departamento no lo ha puesto en marcha. Pese a la petición de las comunidades, el Ministerio rechazó incluir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en el orden del día del último consejo interterritorial (el órgano en el que el Gobierno y las regiones discuten las cuestiones clave en política sanitaria), a finales de julio. Los consejeros socialistas forzaron que la cuestión se tratara en los ruegos y preguntas.
Las declaraciones que hizo el jueves Rubén Moreno acerca de unas supuestas multas millonarias no son nuevas. En la rueda de prensa posterior al consejo interterritorial habló de esta cuestión, pero sin precisar qué normativa europea estarían incumpliendo las comunidades. También deslizó que podrían estar asumiendo competencias que no les corresponden.
“Me da la impresión, hay que estudiarlo, de que probablemente pudieran estar vulnerando las competencias que constitucionalmente tenemos establecidas”, aseguró Moreno a preguntas de los periodistas en el Congreso, después de su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Añadió que la Abogacía del Estado está estudiando las normas que han aprobado esos Ejecutivos autónomos por si fueran inconstitucionales. “Si eso es así, deben entender que el Estado tendrá que actuar”, dijo.
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